Objetivos generales

I. La realización del mercado interior y de sus libertades fundamentales no es el único objetivo de la UE. Los principios de libre circulación de mercancías, de libre establecimiento y de libre prestación de servicios no pueden ser interpretados de forma absoluta. Las libertades fundamentales del Tratado y sus normas de Derecho derivado, como las Directivas de servicios o de contratación pública, deben contribuir al objetivo comunitario de la protección del medio ambiente. Hay que tener en cuenta, además, que los Estados miembros tienen competencias legislativas en materia ambiental. Entre las libertades económicas comunitarias y las actuaciones comunitarias y nacionales de protección ambiental limitativas de esas libertades, se plantean conflictos. La protección ambiental es una exigencia imperativa o una razón imperiosa de interés general que justifica la existencia de restricciones a esas libertades económicas, siempre que estas medida sean proporcionadas y no discriminatorias.

II.  La Directiva 2006/123 relativa a los servicios del mercado interior tiene como objetivo impulsar la mejora de la regulación del sector servicios, reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad de servicios. El medio ambiente es una excepción al planteamiento desregulador de esta normativa. Es una razón imperiosa de interés general justificativa de la existencia de restricciones proporcionadas y no discriminatorio al acceso a las actividades de servicios o a su ejercicio. No obstante, este proceso desregulador ha afectado igualmente a la normativa ambiental generado además algunas distorsiones.

III. La contratación pública debe integrar los objetivos de otras políticas públicas sociales y ambientales. Debe contribuir por tanto al cumplimiento de los objetivos definidos por la política ambiental, por lo que podemos hablar de la necesidad de implantar la “Contratación Pública Verde”.

El Derecho comunitario ha abierto la posibilidad de tomar en consideración criterios ambientales en las decisiones de compra de los poderes adjudicadores. La Ley 30/2007 de contratos del sector público integró definitivamente las consideraciones ambientales (y sociales), yendo más allá en algunos aspectos que las propias previsiones de la Directiva.

IV. Están prohibidas las ayudas otorgadas de manera selectiva por los Estados miembros o mediante fondos estatales en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros o falseen la competencia. Con todo, podrán autorizarse las ayudas estatales basada en la protección del medio ambiente, siempre que no sean desproporcionadas o no representen una vía encubierta para distorsionar la competencia y el comercio.

V. El objetivo del proyecto es analizar por tanto las tensiones jurídicas entre los la libertades económicas del mercado interior y las actuaciones nacionales de protección del medio ambiente -con la finalidad de precisar cuando y con qué condiciones pueden ser establecidas estas medidas administrativas ambientales, sin que ello represente una medida contraria a las libertades del mercado interior-, así como precisar en que medida las Administraciones pueden incentivar los comportamiento socialmente responsables sin vulnerar las exigencias de libre concurrencia, mediante el recurso a la contratación pública o a las ayudas estatales.

El presente proyecto se centra en el estudio del medio ambiente como, por una parte, factor limitativo y, por otra, como factor redefinidor de las libertades fundamentales del Tratado.

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